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El sistema CAE: de la obligación de ahorrar energía a la oportunidad de generar valor

Durante años, la eficiencia energética ha sido percibida por muchas empresas como una obligación asociada al cumplimiento normativo o a las políticas de sostenibilidad corporativa. Sin embargo, en un contexto marcado por la volatilidad de los precios de la energía, la presión competitiva y los objetivos de descarbonización fijados por la Unión Europea, ha pasado a ocupar una posición claramente estratégica. La razón es sencilla: hoy el ahorro energético ya no solo reduce costes operativos, sino que puede convertirse en un activo económico capaz de generar ingresos adicionales para quien realiza la inversión. 

Del coste evitado al activo económico 

La Unión Europea ha situado la reducción del consumo entre los pilares de su estrategia climática: el artículo 7 de la Directiva de Eficiencia Energética obliga a los Estados miembros a alcanzar un ahorro acumulado de energía final a lo largo de la década. Para contribuir a ese objetivo, España puso en marcha, mediante el Real Decreto 36/2023, el Sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE), en el marco del Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética y como alternativa, total o parcial, al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. 

La novedad de fondo es que el sistema transforma el ahorro conseguido en un activo con valor de mercado. Dicho de otro modo, una actuación que reduce de forma demostrable el consumo de energía puede generar un retorno económico adicional, más allá del propio ahorro en la factura. Y a diferencia de las subvenciones —sujetas a convocatorias y a presupuestos públicos limitados—, esa oportunidad está ligada directamente a los resultados obtenidos. 

Una oportunidad transversal a todos los sectores 

Uno de los rasgos más valiosos del sistema CAE es su alcance. La posibilidad de monetizar el ahorro se extiende a la industria, al sector terciario, al residencial y al transporte. 

En el ámbito industrial, las oportunidades van desde la optimización de procesos hasta la sustitución de equipos o la mejora de instalaciones térmicas y eléctricas. En el terciario, la climatización, la iluminación o el control energético pueden traducirse en ahorros relevantes. El sector residencial ofrece un gran potencial a través de la aerotermia, la mejora del aislamiento o la renovación de la envolvente. Y el transporte se ha consolidado como uno de los sectores de mayor recorrido, tanto por la instalación de sistemas de telemetría y monitorización en las flotas como por la electrificación de vehículos. 

Esta diversidad demuestra que los CAE son una herramienta transversal, capaz de impulsar la transición energética y de acercar sus beneficios a empresas, administraciones y ciudadanos. 

El verdadero reto: convertir el ahorro en certificado 

A pesar de su potencial, el mercado CAE afronta dos barreras para su despliegue masivo. 

La primera es el desconocimiento. Muchas empresas ignoran que el sistema es retroactivo: una inversión (capex) ejecutada en los últimos tres años puede seguir generando certificados hoy, siempre que la actuación cumpla los criterios técnicos y se conserve la documentación que lo acredite. Es decir, actuaciones ya realizadas pueden traducirse en un retorno adicional que, en muchos casos, nunca llegó a solicitarse. 

La segunda es la complejidad técnica y documental. El Real Decreto 36/2023 exige que los ahorros se calculen con una metodología determinada, se justifiquen con evidencias sólidas y se verifiquen a través de una entidad acreditada, con una documentación que debe cumplir todos los requisitos establecidos. Es un requisito imprescindible para garantizar la credibilidad del sistema y la trazabilidad de los resultados, pero también levanta una barrera de conocimiento especializado que pocas organizaciones pueden asumir por sí solas. 

El papel del sujeto delegado 

Para salvar esa distancia entre el ahorro potencial y el certificado emitido, la normativa creó la figura del sujeto delegado: una entidad que asume por delegación parte de los objetivos de los sujetos obligados y que promueve o ejecuta las actuaciones, haciéndose cargo de la carga técnica y administrativa del proceso. 

En Grecert, como sujeto delegado, vemos que el mayor volumen de ahorro certificable procede de actuaciones que las empresas ya han llevado a cabo, pero cuyo valor económico nunca han puesto en circulación. Cuando un equipo de ingeniería cualifica la actuación, calcula el ahorro conforme a la metodología oficial y construye un expediente defendible al cien por cien ante el regulador, una inversión ya realizada se convierte en una fuente de ingresos adicional. Según el tipo de actuación, los CAE pueden llegar a compensar entre el 25 % y el 100 % del capex de la inversión asociada. 

Reducir las barreras de acceso es, por tanto, la palanca decisiva. Cuando el acompañamiento técnico se combina con un modelo que no exige desembolso previo y que solo retribuye en función de los resultados, el sistema se democratiza: afloran numerosas actuaciones susceptibles de certificarse que, de otro modo, quedarían fuera del mercado. 

Esto es especialmente relevante para las pymes, que representan una parte esencial del tejido económico español y concentran un enorme potencial de ahorro aún sin explotar, pero que suelen disponer de menos recursos técnicos y administrativos para abordar procesos de certificación. Facilitarles el acceso —simplificando procedimientos y acompañándolas de principio a fin— es clave para acelerar la adopción del mecanismo y extender sus beneficios. 

Una herramienta estratégica para la descarbonización 

La eficiencia energética es una de las vías más rentables para avanzar hacia un modelo económico sostenible: reduce costes, mejora la competitividad, disminuye la dependencia energética y recorta emisiones. Los Certificados de Ahorro Energético añaden, además, una dimensión económica que acelera la toma de decisiones y aumenta la rentabilidad de las inversiones. 

Por eso el éxito del sistema no debería medirse únicamente por el número de certificados emitidos, sino por su capacidad para movilizar nuevas actuaciones, atraer inversión y extender una verdadera cultura de la eficiencia. En definitiva, el sistema CAE permite transformar una obligación regulatoria en una ventaja competitiva. Cuanto mayor sea el conocimiento del mecanismo, y más accesible resulte para empresas y particulares —de la mano del socio adecuado—, mayor será su contribución a una economía más eficiente, sostenible y competitiva, plenamente alineada con los objetivos de descarbonización. 

En Grecert queremos ayudar a que ese potencial se materialice. Invitamos a las empresas y entidades miembros de la Cámara de Comercio e Industria Francesa a ponerse en contacto con nosotros para analizar su caso concreto: podemos elaborar, sin coste, una simulación del impacto económico que el sistema CAE tendría sobre sus inversiones. 

Thierry Rodier 

CEO, Grecert Iberia S.L. 

Grecert Iberia es socia de la Cámara de Comercio e Industria Francesa